Artículo por: Revista Primera Piedra Nº 774 | Abr 16, 2018 | Por Ángeles Martínez García (Oviedo, España)

El origen de los modernos paraísos fiscales no hay que buscarlo en el sistema extraterritorial de islas caribeñas, sino en el apogeo político y económico de la Ginebra de Calvino, cuando la Iglesia cancela la prohibición de usura allanando así el camino hacia el lucro, en la decadencia del Imperio Británico al abandonar física y militarmente sus antiguas colonias, y al rebelarse los colonos de Nueva Inglaterra contra los gravámenes de la metrópoli londinense en el conocido “Tea Party” o “Motín del Té” (1773), estableciendo dentro y fuera de las fronteras estadounidenses “jurisdicciones no cooperativas”.

Durante el siglo XIX las elites europeas se habían acostumbrado a enriquecerse sin pagar impuestos, pero después de la I Guerra Mundial, los estados exigieron a las grandes fortunas que hicieran frente a los gastos de reconstrucción civil e industrial. La Sociedad de Naciones intentó controlar los paraísos fiscales, instrumentalizando en 1920 una política pública contra la evasión y elusión fiscal; poco a poco los estados van tomando conciencia de la necesidad e importancia de los regímenes fiscales, y así, en los años treinta, Franklin Roosvelt establece en los Estados Unidos una tasa impositiva del 90% para los ricos –recuérdese que gracias al pago de impuestos Al Capone fue condenado por evasión fiscal en 1931.

Por el contrario, las ciudades suizas más eminentes abren los brazos a los evasores y se proyectan como “ciudades abiertas” al refugio de capitales, aunque tal actitud no albergaba ninguna novedad porque ya desde la Revolución Francesa la nobleza y la aristocracia transferían sus activos a los bancos suizos. Lo que sí va a cambiar es que Suiza se consolida como centro mundial del capitalismo financiero, instaurando por primera vez la ley bancaria de 1934 que establece el secreto bancario, con la intención de proteger las fortunas procedentes de los regímenes totalitarios, sobre todo de los judíos ricos y las expoliaciones nazis. La defraudación fiscal no deja de crecer hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, tiempo en que comienza la época dorada del capitalismo mundial.

La Unión Europea crea en 1960 el “Comité Fiscal y Financiero”, en cuyo informe de 1962 llama a la armonización fiscal europea sin alcanzar ningún progreso. Mientras tanto la City londinense impulsa en 1963 los eurobonos o títulos al portador, cuya propiedad queda oculta. Con el auge del dólar estadounidense sobre la libra esterlina inglesa y el creciente mercado del eurodólar se inicia la deslocalización de los mercados financieros y el florecimiento de pequeños países, que se transforman en paraísos fiscales con el beneplácito y apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Los centros financieros extraterritoriales empiezan a brotar: Islas Caimán (1967), Islas Vírgenes Británicas (1984), Bahamas, Jersey, Hong Kong, Singapur (década de los ochenta) y con la Tax Reform Act de 1976 de Estados Unidos y la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, comienza “el paraíso” para los paraísos fiscales y la expansión de los despachos de abogados gracias a la ley de “Trust Reglamentaria” de 1988 que facilita la creación de trust o fideicomisos; sin todo ello, la dinámica del capitalismo global y neoliberal hubiera sido imposible.

Los finales de los 80 y principios de los 90 se caracterizan por la lucha contra el dinero sucio. En la cumbre del G-7 de París en 1989, se decide actuar contra el tráfico de estupefacientes; en los años 90 contra el crimen organizado y el surgimiento de los fondos buitre que acribillaron con demandas imposibles a los países pobres y/o muy endeudados. En abril de 1998 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) declara que las jurisdicciones confidenciales estaban causando grandes perjuicios al erosionar la fiscalidad de los países, perjudicando el comercio, las inversiones y la equidad social de los estados. Después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York (11-S), se vigilará el dinero sucio que financia al terrorismo; sin embargo, tras unos años de pequeña colaboración, nada impedirá que la titulación de activos financieros y sus derivados (ABS, CDO, etcétera) emprendan una carrera desbocada que desencadenará la Gran Crisis de 2008, con la inestimable ayuda de las jurisdicciones confidenciales y de las agencias de calificación, sobre todo, Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch.

La evasión y/o elusión fiscal a principios del siglo XXI son espectaculares; el caso más señalado es el de Goldman Sach por engañar a sus clientes vendiendo CDO (Collateralized Debt Obligation) (2007), o la quiebra de dos hedge fund de las Islas Caimán que llevan a la bancarrota a Bear Stearns (2007). En febrero de 2008, un antiguo empleado de banca de Liechtenstein vende al Fisco alemán un listado de defraudadores por cinco millones de euros; en septiembre estalla la crisis financiera islandesa que acaba, por primera vez y única vez, con banqueros en la cárcel, y para terminar el año, el Senado de los Estados Unidos investiga el fraude fiscal que el banco suizo UBS lleva a cabo con unos defraudadores estadounidenses, lo que facilitará un acuerdo para compartir información entre Estados Unidos y dicho banco. La creación de la ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), de 2010, entrará en vigor en julio de 2014 e investigará la evasión y/o elusión fiscal de los estadounidenses, pero sin colaborar con otros fiscos extranjeros.

En noviembre de 2014 el “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación” – institución creada en 1997– filtra los llamados “papeles de Luxemburgo” o luxleaks, en los que se detallan operaciones secretas de 343 empresas multinacionales que practican planificadamente la elusión y/o evasión fiscal. Necesario decir que por esa época era primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Junker, futuro presidente de la Comisión Europea. Los escándalos fiscales siguen y en abril de 2016 salen a la luz los “papeles de Panamá” y en noviembre de 2017 se hacen públicos los “papeles del paraíso”; todo ello con la desagradable noticia de saber que en el mundo existen unos 12 millones de personas que ostenta cada uno de ellos un mínimo de un millón de dólares en activos y que en conjunto esta clase rica posee dos tercios del PIB mundial.

En España, no es hasta 1991 cuando institucionalmente el Estado se preocupa de elaborar una lista de “jurisdicciones no colaborativas” (real decreto 1080/1991), pero dejan de ser considerados paraísos fiscales –según el real decreto 116/2003– aquellas jurisdicciones territoriales que acuerden con España, bien un intercambio de información en materia tributaria, bien que firmen un convenio que evite la doble imposición fiscal. Con el gastado argumento de que las arcas del Estado español necesitan activos a cualquier precio se han hecho tres amnistías fiscales: en 1984 y 1991 con los gobiernos del PSOE, y en el 2012 con el Gobierno del PP. Es preciso señalar que las amnistías fiscales no son otra cosa que una magnífica puerta de escape a los grandes defraudadores fiscales, y no una manera ortodoxa de recuperar activos evadidos
y/o eludidos de las arcas del Estado.

Con la Gran Crisis de 2008 y la huida de capitales hacia las jurisdicciones territoriales secretas, la Hacienda estatal no tiene más remedio que tomar el pulso a la evasión y/o elusión fiscal, dado que la opinión pública empieza a reaccionar, más aún con la revelación de la “lista Falciani” (2009). En ese contexto económico, político y social, el Gobierno español crea el 13 de marzo de 2013 la “Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional” (ONFI). Sin embargo, el goteo prosigue con los “papeles de la Castellana” (marzo de 2016), que implican directamente, entre otros, a la Familia Real, casi al mismo tiempo que los ministros de Finanzas de Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y España firman un documento conjunto el 14 de abril en sintonía con el intercambio de información fiscal promovido por la OCDE.

La evasión y/o elusión fiscal continúa y continuará porque, entre otras cosas, nunca fueron los zorros grandes interesados en el bienestar del corral; según la expresión paradójica de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Como se ha visto, históricamente la defraudación fiscal fue siempre a más, y nada parece que vaya a cambiar la tendencia a no ser que la sociedad tome conciencia de la verdadera dimensión del problema.

Fuente Análisis Semanal Revista Primera Piedra Nº774

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